El Gobierno nacional autorizó la instalación de sistemas de detección y bloqueo de teléfonos celulares en cárceles federales, con el objetivo de impedir que los internos utilicen estos dispositivos para cometer delitos desde el interior de los penales.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 336/2026, firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y publicada en el Boletín Oficial.
Según la normativa, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) podrá implementar tecnología capaz de identificar celulares activos dentro de los establecimientos y bloquear su funcionamiento de manera selectiva.
Delitos organizados desde prisión
La decisión se da en un contexto donde distintas investigaciones judiciales evidenciaron el uso de celulares en cárceles para coordinar delitos como estafas telefónicas, amenazas y robos.
Uno de los casos más resonantes fue el de la banda del “call center carcelario”, que operaba desde la Unidad Penal N° 35 de Magdalena y llegó a estafar incluso a funcionarios judiciales.
Frases como “Paseme el código, quédese tranquilo” quedaron registradas en audios de estas maniobras, que funcionaban como verdaderos centros clandestinos de llamadas.
Cómo funcionará el sistema
A diferencia de los antiguos inhibidores de señal, que afectaban también zonas cercanas a los penales, el nuevo sistema permitirá detectar dispositivos específicos y bloquearlos de manera puntual, evitando interferencias fuera de los establecimientos.
Este cambio busca mejorar la eficacia de los controles sin perjudicar a vecinos o servicios en áreas cercanas.
Marco legal y aplicación
La medida se apoya en la Ley 24.660 Argentina, que regula el régimen penitenciario y prohíbe el uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad, aunque garantiza el derecho a la comunicación a través de medios habilitados.
Además, se aprobó un manual de procedimiento para la detección y bloqueo de IMEI/IMSI, que establece los lineamientos técnicos para la implementación del sistema.
Desde el Ministerio de Seguridad también se instruyó avanzar con la compra, instalación y mantenimiento de los dispositivos, así como realizar ajustes para evitar interferencias externas.
Una implementación progresiva
La puesta en marcha no será inmediata. El proceso requiere identificar cada dispositivo, monitorear su actividad y aplicar el bloqueo correspondiente, lo que implica un seguimiento técnico constante.
En paralelo, iniciativas similares también se discuten en distintas jurisdicciones, como en la provincia de Buenos Aires, donde se busca restringir el uso de celulares en cárceles del sistema penitenciario bonaerense.
Fuente Infobae
