La estrategia apunta a cubrir vacantes y, al mismo tiempo, recomponer la relación con el Poder Judicial.
El Gobierno nacional envió al Senado un paquete de 48 pliegos judiciales, como parte de un total de 62 postulaciones destinadas a cubrir vacantes en distintos tribunales del país.
La lista incluye candidatos con vínculos directos con el Poder Judicial, en una jugada que busca no solo avanzar con designaciones pendientes, sino también descomprimir tensiones con la Corte Suprema y los tribunales federales de Comodoro Py.
Nombres con peso en la Justicia
Entre los postulantes aparece Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, propuesto para un tribunal en Santa Fe.
También figuran:
María Julia Sosa, secretaria en el juzgado de Julián Ercolini
Ana Juan, pareja del juez Marcelo Martínez de Giorgi
La inclusión de estos nombres refuerza la lectura política de la movida, que combina criterios técnicos con señales hacia distintos sectores del ámbito judicial.
Cambio de estrategia
El envío de los pliegos marca un giro en la relación del Ejecutivo con la Justicia. Luego de los intentos fallidos de designar jueces por decreto, el Gobierno optó por avanzar a través del Congreso, en busca de mayor legitimidad institucional.
En la Casa Rosada admiten que el objetivo es recomponer vínculos con la Corte y con Comodoro Py, en un contexto atravesado por causas sensibles.
Negociaciones y contexto judicial
Las gestiones están a cargo del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien encabeza las negociaciones con distintos actores del sistema judicial.
En paralelo, el avance de la causa caso $LIBRA mantiene en alerta al oficialismo, lo que agrega un componente político a la definición de los candidatos.
Señales hacia la Corte
Como parte de la estrategia, el Gobierno también decidió postergar la cobertura de otras vacantes, una medida que ya fue comunicada al máximo tribunal.
El gesto apunta a dar previsibilidad en un escenario de reconfiguración interna de la Corte Suprema y a evitar nuevos focos de conflicto institucional.
Fuente Página 12
