La presentación judicial advierte posibles delitos contra la administración pública y apunta a una eventual “simulación de competencia”.
La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis.
La presentación, conocida este jueves, solicita que la Justicia investigue posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones de servicios de mensajería masiva y a la explotación del predio estatal entre 2025 y 2026.
Licitación bajo sospecha
Según el escrito, una contratación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato por más de $3.650 millones para el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.
En ese proceso, la denuncia advierte posibles vínculos societarios entre las firmas participantes —entre ellas ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.—, lo que podría afectar los principios de competencia y transparencia en la contratación pública.
Además, se señalan variaciones de precios en licitaciones similares y la reiterada participación de empresas relacionadas, lo que, de confirmarse, podría configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.
Foco en Tecnópolis
Otro de los ejes de la denuncia está puesto en la concesión de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $183.300 millones y que es gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete.
En ese marco, se menciona la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti —esposa de Adorni—, y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina.
Según la presentación, estas conexiones podrían configurar un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Posibles delitos
De acuerdo con el documento, los hechos denunciados podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Finalmente, la legisladora solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios y empresarios involucrados.
Por el momento, se trata de una denuncia que deberá ser evaluada por la Justicia y no implica imputaciones formales ni condenas.
Fuente Agencia Noticias Argentinas
