El Tribunal de San Isidro reprogramó la fecha de inicio para el 14 de abril. Tras reducir la lista de testigos, los jueces decidieron otorgar más tiempo a las partes para readecuar sus estrategias. El debate tendrá solo dos audiencias semanales.
Apenas unos días antes del comienzo estipulado, la Justicia volvió a mover el calendario en la causa que investiga el fallecimiento de Diego Armando Maradona. La decisión llega tras la polémica generada por el documental de la ex jueza Julieta Makintach y en medio de una reestructuración de la prueba testimonial.
Los cambios clave en el proceso
La resolución del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 introdujo modificaciones sustanciales en la dinámica del juicio:
-Nueva fecha de inicio: El debate arrancará el martes 14 de abril, en lugar del 17 de marzo.
-Menos audiencias: Se realizarán dos audiencias semanales (en lugar de las tres previstas originalmente).
-Recorte de testigos: La lista de personas citadas a declarar se redujo considerablemente, lo que permitiría que el juicio tenga una duración total menor a la esperada.
Los motivos de la postergación
El juez Alberto Gaig, presidente del Tribunal, explicó que la medida busca garantizar un desarrollo «más ordenado, previsible y eficiente». Al haber menos testigos, las defensas y las querellas necesitan tiempo para «adecuar su preparación al nuevo esquema y planificar la distribución» de las declaraciones.
La decisión no fue unánime. El tribunal votó con una mayoría de dos a uno:
A favor: Alberto Gaig y Alberto Ortolani.
En contra: Pablo Rolón, quien se opuso a retrasar el inicio del debate.
Los imputados en el banquillo
El juicio buscará determinar la responsabilidad penal de ocho profesionales de la salud por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Entre los acusados más comprometidos se encuentran:
-Leopoldo Luque: El neurocirujano y médico de cabecera de Diego.
-Agustina Cosachov: La psiquiatra encargada del tratamiento.
-Carlos Díaz: Psicólogo del equipo médico.
A pesar de los retrasos, desde el Tribunal aseguraron que mantienen una «posición firme en impulsar el proceso con la mayor celeridad posible», intentando equilibrar los tiempos legales con el reclamo social de justicia que ya lleva más de cinco años.
