Lo tildó de “grave antecedente de presión a las organizaciones sindicales” y de “señal preocupante de avance sobre derechos fundamentales de los trabajadores”.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), conducida por Juan Carlos Schmid, expresó su “enérgico repudio” a la decisión del Gobierno Nacional de iniciar sumarios contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el Sindicato La Fraternidad, en el marco de su participación en el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).
Desde la CATT advirtieron que “estas acciones constituyen un grave antecedente de presión sobre las organizaciones sindicales y una señal preocupante de avance sobre derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos el derecho constitucional a la organización y a la huelga”, afirma el comunicado al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
En ese marco, Juan Carlos Schmid sostuvo que “el derecho a huelga es una herramienta legítima del movimiento obrero y está protegido por la Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la OIT”.
Agregó: “Pretender sancionar a organizaciones sindicales por ejercer ese derecho es un camino peligroso que atenta contra la democracia sindical y el diálogo social”.
Por su parte, el secretario gremial de la Confederación, Juan Pablo Brey, afirmó que “el transporte argentino ha demostrado históricamente su compromiso con el funcionamiento del país y con la sociedad. Pero también tiene el derecho de defender las condiciones de trabajo y las conquistas laborales. La judicialización o sanción del conflicto gremial no contribuye a resolver los problemas de fondo y sólo profundiza la confrontación”.
Finalmente, desde la CATT expresaron su “solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del transporte y con las organizaciones sindicales afectadas, y denunciamos cualquier intento de avanzar sobre la libertad sindical y el derecho constitucional de huelga, pilares fundamentales de la democracia y de la organización de los trabajadores”.
Sumarios
El Gobierno nacional inició sumarios contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad por su adhesión al paro general convocado el pasado 19 de febrero, una decisión que generó el inmediato rechazo de la Confederación General del Trabajo (CGT).
La medida fue impulsada desde el Ministerio de Capital Humano, que busca determinar posibles sanciones contra los gremios del transporte por haber participado de la huelga nacional convocada por la central obrera.
Las penalidades podrían incluir multas que irían desde el 50% hasta el 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado por la medida de fuerza.
La decisión del Ejecutivo se produce luego del fuerte impacto que tuvo el paro general en el sistema de transporte público, especialmente en los servicios ferroviarios y de colectivos, sectores clave para el funcionamiento cotidiano de las principales ciudades del país. (NA)
