El reclamo, que ya llegó a la Legislatura bonaerense, se centra en el incumplimiento de la Ley 25.054, norma que garantiza la asistencia económica del Estado nacional para el equipamiento y la formación profesional del sistema de bomberos. Según denuncian los distintos cuarteles, los giros de fondos quedaron congelados, generando un desfinanciamiento que golpea directamente la operatividad del servicio.
La realidad detrás de los números
El desfasaje entre lo presupuestado y lo efectivamente transferido es abultado. Si bien para 2025 se preveía un presupuesto de $52.300 millones, solo se ejecutaron $40.163 millones durante febrero, sin que se registraran nuevos pagos. Para 2026, si bien hubo giros por casi $120.000 millones sobre un total proyectado de $129.000 millones, el remanente adeudado de 2025 sigue sin llegar a los cuarteles.
La situación es desigual pero angustiante en todo el territorio:
Pehuajó: Los bomberos denuncian una deuda total que asciende a $94 millones (sumando el remanente de 2025 y los fondos no recibidos de 2026).
Carlos Casares: El desfasaje ronda los $90 millones acumulados entre ambos períodos.
Un sistema esencial en riesgo
La provincia de Buenos Aires cuenta con un entramado fundamental para la seguridad ciudadana:
268 asociaciones con personería jurídica.
Cerca de 300 puntos de atención de emergencias.
Aproximadamente 17.500 bomberas y bomberos voluntarios en actividad.
El presidente de los bomberos de Pehuajó, Raúl Brisoliz, fue tajante respecto a la gravedad del problema: «Hay una deuda de $33 millones del año anterior que tendríamos que haber cobrado en diciembre o enero».
Reclamo en la Legislatura
Ante la falta de respuestas, el bloque radical presentó un proyecto en la Cámara de Diputados bonaerense, impulsado por la legisladora Priscila Minnaard, para exigir la transferencia inmediata de los fondos pendientes. La preocupación del cuerpo legislativo radica en que el sistema de bomberos voluntarios no es solo una estructura administrativa, sino un servicio de emergencia vital que presta asistencia gratuita a toda la población y que, sin el respaldo económico comprometido por ley, ve reducida su capacidad de respuesta ante siniestros.
