En una escalada de tensión comercial que ya tiene repercusiones globales, Donald Trump puso en marcha este martes un arancel generalizado del 10% a todas las importaciones que ingresan a los Estados Unidos.
La medida llega como una respuesta directa al reciente fallo de la Corte Suprema estadounidense, que había limitado sus facultades para imponer aranceles bajo el argumento de «emergencia nacional».
¿Qué significa esta medida para la Argentina?
La decisión golpea de lleno los planes de exportación de nuestro país. Según advirtió la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), esta imposición pone en riesgo el acuerdo comercial firmado recientemente con Washington.
El impacto: El acuerdo preveía la reducción de aranceles del 10% al 0% para 1.675 posiciones arancelarias argentinas.
El conflicto: Con el nuevo impuesto general del 10%, el compromiso de arancel cero queda invalidado, dejando al sector exportador nacional en una situación de incertidumbre legal.
Posible escalada: Trump ya advirtió que el arancel podría subir al 15% si los países socios no aceptan nuevas condiciones de negociación.
La batalla legal con la Corte Suprema
El presidente republicano no ocultó su malestar ante el fallo adverso de los magistrados (votado 6 a 3). Trump calificó la decisión judicial como «ridícula» y acusó a los jueces de responder a intereses extranjeros, amenazando con imponer aranceles aún más severos a los países que intenten aprovecharse de la restricción judicial.
Mientras tanto, un limbo legal rodea a los más de US$ 170.000 millones ya recaudados por aranceles previos. Corporaciones y estados opositores en EE.UU. ya están preparando demandas masivas para exigir indemnizaciones, lo que promete una larga batalla en los tribunales federales.
El objetivo de la Casa Blanca
Desde la administración de Trump justificaron la medida como una herramienta necesaria para corregir los «grandes y graves déficits de la balanza de pagos». El arancel tendrá una vigencia inicial de 150 días, aunque el mandatario dejó claro que su intención es mantener los derechos aduaneros elevados durante toda su gestión, buscando diseñar un esquema de proteccionismo más estable y duradero.
