La identificación digital obligatoria para bovinos genera resistencia en establecimientos de baja escala. Entidades rurales advierten sobre impactos económicos desiguales y reclaman que la medida sea optativa.

(con información de Agencia Farco)
Desde el 1° de enero rige la obligatoriedad de identificar el ganado con dispositivos electrónicos para poder movilizarlo. Productores de cría advierten que la medida responde a demandas exportadoras, pero traslada costos y dificultades a quienes no participan del comercio internacional.
La nueva normativa del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) abrió un frente de conflicto con pequeños productores ganaderos del norte argentino. La resolución establece que todos los bovinos deberán portar dispositivos electrónicos —caravanas digitales colocadas en las orejas— para poder ser trasladados y comercializados. Sin esa identificación, los rodeos no podrán salir de los establecimientos.
📌 Un requisito pensado para exportar
Gustavo Verli, pequeño productor santafesino, cuestionó que la obligación alcance a quienes no participan del comercio exterior. “El pequeño productor no está inscripto para la exportación. El que exporta tiene esa diferencia; nosotros no”, sostuvo en el reporte difundido por el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO). Aun así, explicó que la exigencia alcanza a todos por igual.
En la misma línea, el agricultor familiar chaqueño Hugo Escobar señaló que muchos productores de escala reducida venden a intermediarios y no cuentan con infraestructura tecnológica. En esos casos, la digitalización no agiliza procesos ni mejora la rentabilidad, sino que agrega un nuevo requisito administrativo.
💰 Costos que no son equitativos
El punto más sensible es económico. Fabricio Miskevich, también productor santafesino, advirtió que la implementación requiere lectores electrónicos, balanzas compatibles y equipamiento adicional. “Nosotros no disponemos de ese dinero”, afirmó, y explicó que continúan trabajando con el registro manual tradicional.
La organización Bases Federadas presentó una acción judicial para que la medida sea voluntaria y no obligatoria. Su vicepresidente, Carlos Barabale, argumentó que no existe claridad sobre una exigencia específica de la Unión Europea, que la herramienta no mejora la eficiencia reproductiva y que el costo recae principalmente sobre el productor de cría. Según la entidad, el 70% de los criadores argentinos posee menos de 100 vacas, lo que evidencia la fragilidad estructural del sector.
⚖️ Trazabilidad versus realidad productiva
El debate no gira en torno a la importancia sanitaria de la trazabilidad, sino a la forma y el momento de su implementación. Mientras los grandes establecimientos pueden absorber la inversión y capitalizar la agilización operativa, los pequeños productores enfrentan márgenes ajustados, baja escala y escaso acceso a financiamiento.
La discusión, en definitiva, expone una tensión histórica en la política agropecuaria argentina: la adaptación a estándares globales sin considerar las heterogeneidades internas. Si la modernización tecnológica no contempla segmentación ni acompañamiento diferencial, corre el riesgo de profundizar la concentración y dejar fuera del sistema formal a quienes sostienen buena parte de la producción de cría en el país. (InfoNoticias)


