Por ese motivo, desde el gremio advierten que se «pone en riesgo a todos los usuarios viales». Aseguran que el Estado deja de construir, mantener y conservar las rutas nacionales, limitándose a observar cómo lo hacen terceros.
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), liderado por Graciela Aleñá declaró el “estado de alerta máxima” y profundo malestar frente al avance del Gobierno Nacional en un “proceso deliberado, silencioso y sin debate público de vaciamiento del Estado, que tiene como caso testigo a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), a partir del nuevo organigrama impulsado por la administración de Javier Milei y diseñado bajo los lineamientos del ministro Federico Sturzenegger.
En ese marco, la Secretaria General del Sindicato, Graciela Aleñá afirmó: “Hoy marchamos en Rosario y mañana en Buenos Aires. Estamos en los lugares donde tenemos que estar. El jueves se trata la Reforma Laboral en el Senado y nuestro caso de Vialidad demuestra la violación taxativa, impune y total que tiene el Gobierno de Milei de los poderes del Estado y la Constitución Nacional, desoyendo la imposibilidad de avanzar en la destrucción de Vialidad Nacional, lo hace a través del nuevo organigrama” y añadió: “Esta es la muestra de lo que es este gobierno totalitario que avanza en contra de la Democracia. Aunque la Justicia y los legisladores del Congreso Nacional le dijeron que no podía destruir la DNV, aun así continúan con acciones administrativas del Poder Ejecutivo. Es una vergüenza, estaremos marchando y esto tiene que ser una bandera para todos los argentinos, que dan testimonio a diario la destrucción de la red vial nacional”.
El sindicato denunció que, tras tomar conocimiento de un informe oficial del propio organismo, la Dirección Nacional de Vialidad se encuentra en un proceso denominado de “reorientación institucional” que, en los hechos, implica abandonar la ejecución directa de obras y tareas operativas, para ser reconvertida en un ente reducido exclusivamente a funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones.
Dicho en términos claros, advirtieron desde el gremio, el Estado deja de construir, mantener y conservar las rutas nacionales, limitándose a observar cómo lo hacen terceros —si es que lo hacen—, consumando un retiro explícito del Estado de una de sus funciones esenciales, con consecuencias directas sobre millones de usuarios de la red vial.
Ante esta situación, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) intimó formalmente a funcionarios del Gobierno Nacional, mediante carta documento, al Secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y al Ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, exigiendo que se abstengan de adoptar, impulsar, ejecutar o convalidar cualquier medida administrativa, organizativa o funcional que directa o indirectamente tienda a la disolución, vaciamiento, desnaturalización o desaparición de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo histórico y estratégico del Estado Nacional.
En la intimación, el sindicato advirtió expresamente que no se avance en decisiones que impliquen la eliminación de funciones operativas sustantivas, la reducción estructural incompatible con los fines legales del organismo, la transferencia de competencias esenciales al sector privado o la reconversión de Vialidad Nacional en un mero ente de planificación o fiscalización, en desmedro de su rol histórico de ejecución, conservación y mantenimiento de la Red Vial Nacional.
Asimismo, el gremio dejó constancia de que este tipo de medidas resultan contrarias al interés público, al principio de continuidad del servicio público, al deber de preservación del patrimonio estatal y al mandato constitucional de asegurar la integración territorial y el desarrollo federal, generando graves consecuencias sociales, económicas y de seguridad vial, especialmente en las regiones más postergadas del país.
Desde el Sindicato de Trabajadores Viales remarcaron que la Dirección Nacional de Vialidad fue históricamente una herramienta clave de integración territorial, desarrollo federal y equidad social, garantizando la presencia del Estado allí donde el mercado no llega porque no es rentable: rutas para pueblos pequeños, caminos para la producción regional y conectividad para comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.
El nuevo modelo impulsado por el Gobierno rompe deliberadamente con esa lógica, transformando la ruta en un negocio y el territorio en una variable de rentabilidad. En ese esquema, alertaron que los usuarios viales pasarán a pagar peajes exponencialmente más caros, mientras se consolida un negocio privado a costa de la seguridad, la integración y la vida de los argentinos.
El sindicato también hizo personalmente responsables a los funcionarios intimados por las consecuencias institucionales, patrimoniales, laborales y sociales que pudieran derivarse de decisiones orientadas al vaciamiento o desaparición de Vialidad Nacional, sin perjuicio de las acciones administrativas, sindicales, judiciales y políticas que ya se encuentran en evaluación.
Finalmente, el STVyARA remarcó que defender a Vialidad Nacional no es defender una estructura burocrática, sino defender la presencia del Estado donde el mercado nunca va a estar, el derecho a circular, a producir y a vivir en cualquier rincón de la Argentina, y ratificó que continuará denunciando pública y políticamente este proceso de vaciamiento que pone en riesgo la seguridad vial, la integración territorial y el futuro del país. (InfoGremiales)
