El Gobierno nacional solicitó el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil que había sido enviado este lunes al Congreso de la Nación. La decisión se tomó a pocas horas de su presentación, según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.
Uno de los principales motivos del repliegue fue una diferencia clave en torno a la edad de imputabilidad. En el texto remitido al Parlamento, el oficialismo fijó la edad en 13 años, cuando el consenso alcanzado con los bloques aliados establecía un piso de 14 años, tal como figuraba en el dictamen elaborado durante 2025.
El proyecto, que propone la creación de un nuevo régimen penal juvenil, es en líneas generales similar al que había obtenido dictamen en mayo del año pasado. No obstante, incorporaba una novedad relevante: la asignación específica de fondos para garantizar su implementación.
En la versión presentada esta semana, se contemplaba una partida superior a los 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia. En el texto original, el financiamiento quedaba sujeto a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, lo que había generado cuestionamientos y dudas sobre la aplicación efectiva de la norma.
Más allá de la inclusión presupuestaria, el desacuerdo en torno a la edad de imputabilidad —que en la iniciativa ingresada reducía el límite de 16 a 13 años— fue determinante para que el Gobierno decidiera retirar el proyecto y reordenar la estrategia parlamentaria.
El oficialismo busca ahora acelerar la conformación de las comisiones correspondientes para volver a impulsar el debate en la Cámara de Diputados y tratar la iniciativa en el recinto durante los próximos días.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
