Según una investigación periodística, fuerzas de seguridad habrían accedido de manera irregular a información privada del actual Presidente entre enero y febrero de 2020. Milei podría presentarse como querellante en la causa.
El presidente de la Nación, Javier Milei, habría sido víctima de tareas de espionaje ilegal durante el verano de 2020, en el inicio de la pandemia de COVID-19, cuando aún no ocupaba cargos públicos y participaba como analista económico en medios de comunicación.
La información fue revelada este miércoles en un informe presentado en el programa del periodista Nicolás Wiñazki, donde se expuso la existencia de un listado con solicitudes de datos personales realizadas de manera presuntamente ilegal por integrantes de fuerzas de seguridad.
De acuerdo al informe periodístico, entre enero y febrero de 2020 se habrían solicitado datos privados de Milei, como teléfonos personales, propiedades, cuentas bancarias y otra información protegida por el secreto fiscal, a la que solo se puede acceder mediante autorización judicial.
Wiñazki explicó que, si bien en ese momento algunas bases de datos podían ser contratadas por privados, posteriormente la Justicia determinó que ese acceso era ilegal. Sin embargo, parte de esa información habría sido robada y publicada en la web.
“Hay fuerzas policiales o de seguridad que no podían acceder a esos datos. Era ilegal”, afirmó el periodista durante la emisión.
Según lo expuesto, el presunto espionaje no habría estado dirigido únicamente al actual Presidente. En el listado también figurarían otras personalidades públicas, entre ellas Mirtha Legrand, el expresidente Mauricio Macri y el fiscal Alberto Nisman.
Uno de los nombres mencionados en la investigación es el del ex agente de la Policía Federal Ariel Zanchetta, señalado como uno de los involucrados en el acceso a la información.
Milei podría presentarse como querellante
De acuerdo a lo informado, Javier Milei evalúa presentarse como querellante en la causa judicial que investiga el uso indebido de bases de datos y el espionaje ilegal ocurrido durante ese período.
La investigación continúa bajo la órbita judicial, con el objetivo de determinar responsabilidades y esclarecer cómo se produjo el acceso a información protegida.
Fuente: Agencia NA
