El exsubsecretario de Combustibles de la Nación, Cristian Folgar, analizó cómo la discusión por la metodología de medición de la inflación impacta en los impuestos que integran el precio de las naftas y el gasoil.

Por Redacción Surtidores
La controversia abierta en torno a la medición del Índice de Precios al Consumidor y la crisis que se desató en el INDEC, volvió a instalar el debate sobre el impacto que la inflación tiene en distintos sectores de la economía. En el mercado de los combustibles, donde el precio final combina costos, márgenes e impuestos, la discusión también despertó interrogantes entre los operadores de estaciones de servicio.
Para el exsubsecretario de Combustibles de la Nación Cristian Folgar, el eje del análisis debe ponerse en la composición del precio. Según explicó, una parte relevante del valor que pagan los consumidores en el surtidor está conformada por impuestos que se actualizan en función del IPC, lo que vuelve clave la metodología utilizada para medir la inflación.
Mediante el Decreto 74/2026, el Ejecutivo decidió postergar parcialmente los incrementos pendientes del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida busca moderar el impacto en los precios de naftas y gasoil, sostener la actividad económica y mantener un sendero fiscal gradual en un contexto de alta sensibilidad inflacionaria.
En ese sentido, el especialista aclaró en diálogo con Surtidores, que si el índice de precios resulta más alto o más bajo, el ajuste de esos tributos acompaña esa variación y termina impactando en el precio de venta. “Hay impuestos que se ajustan con el IPC, y si el IPC sube, esos impuestos también suben, modificando el valor en el surtidor”, señaló al referirse al vínculo directo entre inflación e ingresos fiscales asociados a los combustibles.
Sin embargo, Folgar remarcó que las diferencias entre la metodología anterior y la nueva no son de magnitud suficiente como para generar saltos significativos. A su criterio, la nueva forma de medición tiende a arrojar un índice algo más elevado, pero dentro de márgenes reducidos. “No es que una metodología marque una inflación del dos por ciento y la otra del cuatro. En general, las diferencias rondan medio punto porcentual”, explicó.
Ese desfasaje, trasladado a la estructura impositiva de las naftas y el gasoil, termina teniendo un efecto limitado en el precio final. El exfuncionario sostuvo que el impacto de ese medio punto sobre los impuestos que se ajustan por inflación es bajo cuando se lo lleva al valor que aparece en el surtidor.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó que la desvinculación de una empleada fue sin causa justificada. El tribunal condenó solidariamente a la petrolera y a la operadora a pagar indemnizaciones, salarios caídos, multas legales y costas.
Desde la óptica del negocio minorista, el análisis cobra relevancia por su efecto en la demanda. En ese punto, Folgar fue categórico al afirmar que aplicar una u otra metodología para medir el IPC no genera cambios en el comportamiento del consumidor. “No es un impacto relevante como para que una estación venda mucho más o mucho menos combustible”, indicó.
Otro aspecto que el analista consideró central es que no todos los impuestos que gravan a los combustibles se actualizan por inflación. Esa característica, explicó, atenúa aún más el efecto de las variaciones del IPC sobre el precio final, incluso cuando el índice resulta levemente superior bajo la nueva metodología. (Surtidores)


