La central obrera busca retomar la iniciativa frente al avance del nuevo frente sindical de Pablo Moyano y Abel Furlán. Mientras, el Gobierno negocia votos clave con los gobernadores en el Senado.
El tablero político y sindical entra en una fase de definiciones críticas. En la antesala del tratamiento de la reforma laboral en el Senado, el consejo directivo de la CGT se reunirá este viernes con una carta pesada sobre la mesa: la convocatoria a un nuevo paro general.
Desde la calle Azopardo admiten que la medida de fuerza es «uno de los tantos recursos en juego», aunque la decisión está atravesada por una fuerte interna. La cúpula de la CGT no solo mide fuerzas con el gobierno de Javier Milei, sino que también busca no quedar opacada por el flamante frente sindical opositor —liderado por Abel Furlán (UOM) y recientemente integrado por Pablo Moyano—, que ya anunció movilizaciones en Córdoba y Rosario para los próximos días.
El factor gobernadores: Entre el rechazo y la negociación
La estrategia de la CGT de sumar aliados provinciales ha sufrido traspiés en las últimas horas. Si bien los líderes sindicales apuntaban a consolidar un bloque con mandatarios de peso, la agenda quedó en suspenso:
Martín Llaryora (Córdoba): Suspendió su reunión con la central obrera alegando problemas de agenda, en un momento en que el frente sindical disidente prepara una marcha en su provincia para el 5 de febrero.
Sergio Ziliotto (La Pampa): Se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli, y aunque mantiene su postura opositora, el Gobierno continúa presionando por apoyos.
Los «dialoguistas»: Muchos gobernadores evitan el choque directo contra la reforma laboral. La razón es económica: negocian compensaciones fiscales por la reducción del Impuesto a las Ganancias incluida en el proyecto.
Una interna al rojo vivo
El debate por el paro general surge en medio de una fragmentación del mapa gremial. El nuevo polo que agrupa a la UOM, Aceiteros, Pilotos y las dos CTA, ya le puso fecha a las protestas para el día en que el Congreso trate la ley. Ante este escenario, la CGT se ve obligada a endurecer su postura para no perder la conducción del reclamo social.
Por su parte, el oficialismo defiende el proyecto bajo la premisa de que «no se pierden derechos» sino que se busca dinamizar el empleo, mientras la ministra Patricia Bullrich asegura contar con los votos necesarios en la Cámara Alta, aunque no descarta aceptar modificaciones menores para asegurar la sanción.
Fuente TN
