El Presupuesto 2026 enfrenta un escenario fiscal complejo y, según estimaciones privadas, el Gobierno nacional deberá profundizar el ajuste sobre los gastos discrecionales para cumplir con la meta de superávit primario del 1,5% del PBI prevista para este año.
De acuerdo con un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, el panorama de las cuentas públicas está condicionado por leyes sancionadas en 2025, la evolución de la inflación y la discusión en curso sobre una eventual reforma laboral y tributaria.
Uno de los principales factores de tensión es que el Presupuesto no contempla los mayores desembolsos derivados de las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad aprobadas el año pasado.
Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la ley de financiamiento universitario tendría un impacto fiscal cercano al 0,23% del PBI, mientras que la de discapacidad ascendería al 0,36% del PBI.
Si bien el Poder Ejecutivo intentó incorporar mecanismos para neutralizar esas erogaciones adicionales, esas disposiciones no prosperaron en el Congreso, lo que complica el cumplimiento de los objetivos fiscales.
Inflación e ingresos
El informe también analiza el rol de la inflación. Si la suba de precios resulta mayor a la proyectada oficialmente —10,1% anual—, como estiman varios economistas, los ingresos tributarios nominales crecerían, pero también lo harían los gastos indexados automáticamente, como jubilaciones, AUH y otros programas sociales.
Bajo un escenario de inflación anual del 23%, el IERAL estima que los ingresos impositivos podrían aumentar alrededor de 33% nominal y ubicarse 4,7% por encima en términos reales respecto de 2025. Sin embargo, ese mayor ingreso se vería parcialmente neutralizado por el incremento del gasto automático y por el impacto pleno de las leyes sancionadas.
Más ajuste para cumplir la meta
En ese contexto, el estudio elaborado por Marcelo Capello y Gaspar Reyna advierte que, si los gastos discrecionales se mantuvieran en los niveles presupuestados, el superávit primario podría alcanzar el 1,9% del PBI, por encima de la meta oficial. No obstante, ese cálculo no contempla los efectos de una eventual reforma laboral o tributaria, actualmente en debate en el Congreso.
Por ese motivo, los economistas concluyen que el Gobierno deberá profundizar el recorte en las partidas discrecionales si busca sostener el equilibrio fiscal en un año que comienza con fuertes desafíos para las cuentas públicas.
Fuente Infobae
