El fallo del juez Sebastián Casanello representa un revés para el Gobierno y ordena el regreso de las autoridades elegidas por los afiliados rurales
La Justicia federal resolvió finalizar la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) y devolver la conducción de la entidad a José Voytenco, dirigente electo por los afiliados de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). La decisión fue adoptada por el juez Sebastián Casanello y deja sin efecto una medida impulsada durante el año pasado por sectores del Gobierno nacional.
La resolución judicial revierte la intervención dispuesta en 2024, cuando el entonces juez de la causa, Federico Villena, ordenó el desplazamiento del directorio de la obra social. Aquella medida dio lugar a una administración intervenida que se extendió por más de un año. Casanello fundamentó su decisión en un planteo del fiscal Guillermo Marijuán y cuestionó el procedimiento que derivó en la remoción de las autoridades gremiales.
Desde UATRE señalaron que la intervención fue objeto de múltiples objeciones por parte del Ministerio Público Fiscal, que advirtió irregularidades como falta de competencia territorial y un direccionamiento deliberado del expediente judicial. En ese marco, el gremio consideró que la medida respondió a intereses políticos ajenos a los afiliados.
Durante el período de intervención, la obra social quedó bajo la gestión de Marcelo Petroni, designado por decreto presidencial. El sindicato denunció que en ese lapso se produjeron serias anomalías administrativas, entre ellas el crecimiento injustificado de la estructura interna, la designación de dirigentes derrotados en elecciones gremiales y la celebración de contratos cuestionados con proveedores del sector sanitario.
Además, UATRE advirtió sobre un fuerte recorte en las prestaciones médicas, lo que habría derivado en interrupciones en la provisión de medicamentos esenciales, incluidos tratamientos oncológicos y de alto costo. Según denunciaron, esta situación derivó en cientos de acciones de amparo judicial y en causas penales vinculadas a presuntos casos de abandono de persona.
Como parte de la resolución, el juez Casanello dispuso la designación de un veedor judicial que deberá supervisar el funcionamiento de OSPRERA y presentar informes periódicos sobre su situación administrativa y financiera. También intimó al interventor saliente a entregar en un plazo de 72 horas un informe completo sobre el estado patrimonial de la entidad.
La decisión judicial abre una nueva etapa en la obra social de los trabajadores rurales y marca un límite a la intervención estatal en entidades administradas por representantes electos por sus afiliados.
