El plan de ajuste del Gobierno nacional —denominado por el presidente Javier Milei como “motosierra”— comenzó a impactar en el sistema de salud pública, donde autoridades provinciales, sindicatos y profesionales advierten por la reducción de recursos y la posible afectación en la atención hospitalaria.
Las medidas incluyen la revisión de programas nacionales de salud, congelamiento de partidas, reducción de transferencias a provincias y suspensión de convenios. En varias jurisdicciones aseguran que esto podría repercutir en la provisión de medicamentos, insumos y financiamiento para hospitales.
Desde el Gobierno argumentan que el objetivo es ordenar el gasto y eliminar estructuras consideradas “ineficientes o duplicadas”. Sin embargo, desde el sector sanitario remarcan que gran parte de los programas nacionales cumplen un rol clave en materia de prevención, cobertura de tratamientos y asistencia a pacientes sin obra social.
Preocupación en provincias y hospitales
Funcionarios provinciales confirmaron que ya comenzaron a revisar presupuestos ante la incertidumbre por el envío de fondos. En hospitales públicos, en tanto, señalan que los incrementos de costos por inflación ya afectaban su funcionamiento, por lo que un ajuste adicional generaría mayor tensión operativa.
Entre los programas alcanzados se mencionan planes de inmunización, provisión de medicamentos de alto costo, asistencia materno-infantil y apoyo logístico para centros de salud. En algunos distritos advierten que, de no garantizarse financiamiento, la demanda podría trasladarse a los sistemas provinciales, que ya operan con altos niveles de ocupación.
El Gobierno defiende el ajuste
Desde la administración nacional remarcan que no habrá recortes en la atención esencial y que el objetivo es transparentar el uso de fondos públicos, priorizando a los sectores más vulnerables.
Voceros oficiales sostienen que “no se eliminará la cobertura sanitaria”, aunque evitaron detallar cómo se reorganizarán los programas alcanzados por el ajuste.
El sistema, en alerta
Médicos, enfermeros y personal de la salud han expresado preocupación por el impacto en guardias, tratamientos crónicos y cirugías programadas. También pidieron que se garantice la cadena de suministros básicos.
Mientras tanto, organizaciones sanitarias advierten que cualquier reducción brusca en el financiamiento podría afectar la capacidad de respuesta hospitalaria, especialmente en contextos de emergencia.
Por ahora, la discusión continúa abierta entre Nación y provincias, en medio de un escenario marcado por la reorganización del gasto público y la tensión por el futuro del sistema de salud.
