La Confederación General del Trabajo (CGT) reforzó en los últimos días sus contactos políticos con el Gobierno nacional, gobernadores y legisladores, en el marco del debate por la reforma laboral que se tratará en el Congreso.
La central obrera combinó conversaciones reservadas con el asesor presidencial Santiago Caputo, reuniones con mandatarios provinciales y dirigentes parlamentarios, y una postura pública de confrontación.
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, inició una nueva recorrida por distintas provincias para sumar apoyos al proyecto oficialista.
Desde la conducción sindical confirmaron que la actividad formal se reanudará en la semana del 12 de enero, con el objetivo de ordenar la estrategia política y legislativa antes de la reactivación del debate prevista para febrero.
Tras la aprobación del Presupuesto 2026, la CGT tomó nota de la capacidad del Ejecutivo para construir mayorías junto a las provincias. Ese escenario impulsó una lectura más pragmática: aunque el objetivo principal sigue siendo frustrar la reforma, la central obrera evalúa como alternativa lograr la eliminación de los artículos más conflictivos.
Entre las principales objeciones, la CGT apunta contra los cambios en el financiamiento gremial, las restricciones al derecho de huelga, la ampliación de actividades consideradas esenciales y la prioridad de los convenios por empresa por sobre los convenios de actividad, punto que consideran innegociable.
En paralelo, los gremios trabajan en una propuesta alternativa, que contempla la creación de un régimen laboral especial para menores de 30 años, con condiciones de contratación más flexibles orientadas a promover el empleo juvenil.
Aunque la central obrera reconoce altas probabilidades de que el Gobierno logre avanzar con la reforma, apuesta ahora a condicionar el contenido final del proyecto mediante la negociación política.
