El presidente Javier Milei firmó el Decreto 864/2025, que establece los lineamientos que guiarán al Sistema de Inteligencia Nacional. El documento incluye focos en ciberseguridad, terrorismo, crimen organizado, Malvinas y recursos estratégicos.
El Gobierno nacional oficializó este viernes la nueva Política de Inteligencia Nacional, un documento de 34 páginas que fija los objetivos y lineamientos estratégicos que orientarán el accionar de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y de todo el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). La medida quedó establecida mediante el Decreto 864/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Según el texto publicado en el Boletín Oficial, se trata de la primera definición formal de política de inteligencia en más de dos décadas. Además, el decreto instruye a la SIDE a elaborar una Estrategia de Inteligencia Nacional, en la que se detallarán las acciones concretas para implementar los objetivos planteados.
El documento parte de un diagnóstico crítico sobre el estado del sistema de inteligencia, al que considera deteriorado en las últimas tres décadas, situación que —según se indica— afecta el funcionamiento institucional y expone al país a riesgos y amenazas. También se mencionan los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994, así como la muerte del fiscal Alberto Nisman, y se hace referencia a las intervenciones de la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desde 2019, organismo disuelto en 2024 y reemplazado por la actual SIDE.
La SIDE está integrada por cuatro órganos desconcentrados: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).
Intereses estratégicos
La política aprobada establece cinco intereses estratégicos de la Nación: garantizar soberanía y autonomía, proteger la integridad territorial y la legitimidad del Estado, resguardar la vida y los derechos de los habitantes, asegurar la vigencia del sistema democrático y preservar los recursos estratégicos.
En materia de integridad territorial, el documento menciona la necesidad de identificar dinámicas de fragmentación, conflictividad y actividad extranjera en zonas sensibles, incluyendo fronteras, áreas marítimas y la región antártica.
Los diez lineamientos estratégicos
El decreto desarrolla diez lineamientos que abarcan los principales aspectos de interés para la inteligencia nacional.
El primero analiza la disputa de poder global y su impacto en América Latina. El segundo aborda los riesgos de desinformación y de influencia externa. El tercero se centra en el “poder integral de la Nación”, con mención a la dependencia tecnológica y la fuga de talento calificado.
Los lineamientos 4.a y 4.b se enfocan en la proyección argentina en la Antártida y en la presencia extranjera en el Atlántico Sur, incluidas las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Allí se advierte sobre el incremento de actividades científicas, logísticas y militares de potencias extrarregionales.
El quinto lineamiento se refiere a los recursos naturales estratégicos, entre ellos litio, gas no convencional, acuíferos y biomas de alto valor ecológico.
El sexto eje aborda las amenazas que surgen desde el ciberespacio, mientras que el séptimo se centra en tecnologías de frontera como inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología avanzada y sistemas autónomos.
El octavo lineamiento analiza riesgos vinculados al terrorismo internacional, especialmente en zonas de frontera y circuitos informales. El noveno examina al crimen organizado y su capacidad para operar como “estructura paralela de poder” dentro del país.
Por último, el décimo lineamiento se enfoca en la contrainteligencia, definida como herramienta clave para prevenir interferencias y proteger procesos estratégicos del Estado.
El documento fue publicado bajo el lema “Inteligencia Nacional, vigilia permanente por la Seguridad Estratégica de la República Argentina”.
